Por medio de una carta lanzada a la opinión pública , los lugareños mencionan que hace cosa de unos meses llegaron al poblado un grupo de delincuentes que se autodenominan la Familia Michoacana, mismos que prohibió que al otro lado del rio este habitando familias y los mantiene sitiados, secuestrados y lanzándoles ataque desde aire, para lo cual utilizan drones cargados de granadas que son soltados en el pueblo, y las explosiones estan haciendo huir a la mayoría de los habitantes.
Por ello de manera urgente solicitan al Gobierno federal y Estatal, resguardo de la zona y que envíen al pueblo a elementos de la Secretaria de Marina, el Ejercito Mexicano, Guardias Nacionales y policías estatales para que le hagan frente a ese grupo y devuelva la tranquilidad al pueblo donde la mitad de la población mejor se salió del lugar ante los ataques de los bandoleros.
En su carta los habitantes del Nuevo Poblado el Caracol indican : A las autoridades Federales, estatales y municipales competentes, A los organismos internacionales, A los medios de comunicación ,A la sociedad guerrerense ,El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a brindar atención humanitaria urgente a los habitantes de Nuevo Poblado “El Caracol”, en el estado de Guerrero, quiénes se encuentran en condición de desplazamiento forzado interno producto de la violencia provocada por grupos ilegales armados que están violentando gravemente la comunidad.
Nuevo Poblado “El Caracol” pertenece al municipio de Heliodoro Castillo que en el año de 1987 fue reubicado por la puesta en marcha de una central hidroeléctrica operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Comunidad que ha sufrido abandono de las autoridades. Durante la pandemia por COVID se suspendieron las clases en las escuelas, y recientemente el Centro de salud carece de personal para brindar atención a la población ya que el personal se niega a acudir a brindar el servicio por temor a ser víctimas de la violencia que se vive en la zona.
Los habitantes refieren que hace aproximadamente siete meses un grupo de hombres armados presumiblemente integrantes del grupo delincuencial “La Familia Michoacana” amenazó su comunidad diciendo que “no querían ver a nadie de las comunidades de las orillas del río o se atienen a las consecuencias”, impidiendo salir a la población al municipio de Apaxtla de Castrejón a hacer sus compras.
A las personas que han hecho caso omiso a esta amenaza les han golpeado y quitado sus pertenencias, sembrando con ello un ambiente de pánico en la comunidad. El pasado 2 de mayo de 2023, aproximadamente a las 6:00 pm, pobladores de Nuevo Poblado “El Caracol” se percataron que había drones sobrevolando su comunidad. Para el día el 3 de mayo nuevamente advirtieron la presencia de los drones, pero en esta ocasión fueron lanzadas seis bombas de los drones sobre su comunidad, lo que motivó que la población saliera de manera inmediata buscando proteger la vida de mujeres y la niñez de las agresiones.
El 8 de mayo del año en curso, a pesar de ya encontrarse desplazados, la comunidad fue atacada nuevamente con los drones, los cuales lanzaron 11 bombas en contra de la población masculina que se mantuvo en la comunidad. Así, desde el día 3 de mayo de 2023 casi la mitad de la población se encuentra desplazada de manera forzada.
El párroco y la comunidad de Tlacotepec ha dado atención humanitaria a la niñez y mujeres desplazada de Nuevo Poblado “El Caracol” resultando insuficientes los apoyos que brinda la iglesia.
Más de la mitad de las personas desplazadas presentan problemas de salud, como diarrea, tos, gripa, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y crisis nerviosa, entre otros, por lo que los habitantes desplazados de Nuevo poblado “El Caracol” hacen un llamado a las autoridades para que se restablezca la seguridad en su comunidad y poder retornar.
El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” hace un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones que aseguren los derechos de la población, incluyendo medidas que garanticen su salud, educación, alimentación, vivienda y empleo en condiciones dignas.