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El voyerista
Por Alfredo Guzmán
• ¿Por encima de la ley nada?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el Máximo Tribunal Constitucional del país y tiene como responsabilidad, la vigilancia y defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por intervención de la SCJN los diputados de la LXIII Legislatura Local de Guerrero, continúan realizando un mandato que fue motivo de Controversias Constitucionales, relacionadas con las materias de Seguridad Pública, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Electoral y Educación, que anteriores legislaturas realizaron por medio de decretos sin cumplir la norma establecida.
Ante el incumplimiento de la ley y a queja manifiesta, la SCJN declaró inconstitucional los decretos y determinó que no se cumplieron los protocolos para realizar las consultas correspondientes, por la falta de participación de los afectados.
Por ese motivo la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que integra a todos los partidos que tienen representación en el Congreso de la actual Legislatura, instruyó a todos los diputados y a su personal y solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPC), al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Derechos Humanos, entre otras instancias, su apoyo para realizar el mandato de la SCJN.
Por esta circunstancia la JUCOPO aprobó por unanimidad el Protocolo para desarrollar de manera libre, con previa información y de buena fe el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
Es por ello, que en 47 municipios donde se tienen ubicadas comunidades indígenas, se realizan reuniones con representación de comunidades originarias, convocadas por medio de voceo, perifoneo, lonas, spot de radio y televisión en sus lenguas maternas, utilizando asesores en su lengua materna, en esta segunda etapa, luego de que ya pasó la primera, que fue informativa.
El propósito es que los convocados, quienes serán escuchados por sus propios líderes, estén bien informados, opinen y establezcan cómo y de qué manera, pueden participar en los próximos procesos electorales, opinar sobre sus formas de seguridad, educación y lo que consideren de su competencia y conozcan las normas que los rigen y establecer si están de acuerdo o no, o en su caso, modificarlas.
Esta consulta se encuentra en proceso de realización, de ahí que las comunidades, delegaciones, pueblos, municipios, estén realizando asambleas informativas municipales, donde los representantes nombrados para tal fin expongan los puntos de acuerdo de sus comunidades.
Este ejercicio participativo, va caminando y se espera que en todos los municipios donde haya comunidades indígenas o afromestizas se realicen las asambleas informativas necesarias, donde los diputados y diputadas, apoyados por equipos técnicos capacitados, asesores en sus lenguas y supervisado por personal del IEPC y de la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero, se realicen los ejercicios informativos y deliberativos de los representantes sobre los temas expuestos anteriormente.
Se entiende que los diputados y diputadas saben que la mala realización de este evento en otro momento casi les cuesta que se les iniciara un proceso de desafuero, por la SCJN, que está siendo salvado con la reposición del proceso de consulta como debe ser, libre, informado, con máxima publicidad y de buena fe, para ser validado como tal.
El hecho de que la Jucopo de la LXIII Legislatura local, retome esta acción con responsabilidad, disciplina y respetando las normas que rigen los procesos de consulta a las poblaciones originarias y afromexicanas, es indicativo de que cuando las cosas se hacen bien, salen mejor.
Enhorabuena.
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